Ingresa al Congreso local el proyecto para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Puebla, incluye un salario generalizado promedio para funcionarios, diputados, magistrados y titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En el caso del gobernador su salario disminuirá cerca del 45 por ciento, es decir de 110 mil bajará a 61 mil 269 pesos mensuales.

Este proyecto que presentó, hoy, el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla considera que el tope salarial para secretarios, diputados y trabajadores del Tribunal Superior de Justicia será hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.

Resaltó que esta Ley estipulará que ningún servidores público ganará más de 10 veces del funcionario que menos gane en la misma dependencia, con lo que aseguró se terminarán con los “funcionarios sultanes“.

Es preciso citar que con base a datos oficiales del 2017, el gobernador ganaba 110 mil pesos, el titular del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla que son los que más ganan, perciben 133 mil 693 pesos, equivalentes a 1670 UMAs (establecido en 80.04 pesos).

Mientras que los titulares de las Secretarías de Estado que perciben en promedio 70 mil 215 pesos, el equivalente a 877 días de UMAs, y un diputado en promedio gana 55 mil 683 pesos, es decir, 695 días de UMAs.

El presidente del Poder Legislativo hizo hincapié en que el tope de salario para el titular del Ejecutivo como para sus funcionarios será en promedio 61 mil 289 pesos al mes. 

Biestro Medinilla detalló que esta Ley de Austeridad esta basada en la nacional y básicamente en siete principio de la Cuarta Transformación entre ellos:

No exime a ningún organismo del estado para su observancia y cumplimiento; mantener un gasto eficiente en la administración pública y no endeudarse; así como el que el ahorro generado por esta austeridad se canalice para quienes más lo necesiten con base a estudios del Coneval; que la Secretaría de Administración y Finanzas dejará de desviar recursos para cumplir fines, que son muy distintos a los de bienestar popular, entre otros. 

Además, se prevén otros aspectos como aplicar normas que regulen viajes y viáticos que realicen, mismos que deberán ser transparentados, así como los fondos y transferencias que han sido usados para ocultar recursos.

Esta iniciativa de decreto fue turnada a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como a la de Presupuesto y Crédito Público para su estudio y resolución procedente.

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