Derivado de la dilación y múltiples quejas por la devolución de vehículos involucrados en eventos delictuosos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició un procedimiento para que sea en un periodo no mayor a cinco días hábiles que las unidades regresen a sus legítimos propietarios.

En rueda de prensa, el encargado de despacho de la institución, Gilberto Higuera Bernal, puntualizó que se emitió una circular para regular el procedimiento y plazos para asegurar y regresar vehículos, particulares o mercantiles, a sus dueños.

“Tiene como propósito evitar largos plazos, repercusiones económicas a la población, sobre todo a los dueños de estas unidades motrices, y también evitar actos de corrupción al interior de la Fiscalía”, puntualizó.

Sobre el particular, Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, detalló que “la intensión en esta fase es abatir el rezago de estos vehículos que no han sido devueltos”, y es que actualmente existen 3 mil 707 vehículos en cinco depósitos a cargo de la Fiscalía.

Así que se agilizará la actividad de los agentes del Ministerio que tienen bajo su custodia los cinco depósitos ubicados en Chachapa, El Capulín, La María, Lomas de San Miguel y Sanctórum.

Lo anterior, dijo, en dos acciones, solicitar a los peritos que recaben toda la información pericias necesaria y posteriormente notificar y solicitar la información información correspondiente a Plataforma México sobre el estatus de dicho vehículo para acortar los tiempos y regresar al legitimo propietarios

Respecto a vehículos de carga con productos perecederos, afirmó que entrará la figura jurídica del traspaso de mercancía par ahorrar tiempo y evitar pérdidas a los comerciantes.

Ramos Koprivitza afirmó que se pondrá a disposición del sitio oficial de la Fiscalía una plantilla donde se proporcionará información del vehículo y la carpeta de investigación para ubicar en qué depósito se encuentra y se realice el trámite de devolución.

Finalmente, dio a conocer que se creó un comité de seguimiento y vigilancia sobre las acciones que se van a emprender en torno a la actuación del Ministerio Público, y se prevén sanciones de carácter administrativo y/o penal por la falta de cumplimiento del instrumento.

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