Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que de aprobarse las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, se iniciaría un proceso de alejamiento y ruptura con sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.
Durante las audiencias públicas que se celebran en el Palacio Legislativo de San Lázaro sobre la Reforma de la Guardia Nacional, el ombudsman, aseveró que el planteamiento sobre las características y funciones de la iniciativa representan una respuesta “parcial, incompleta, sesgada a la violencia e inseguridad y genera el riesgo de que se vulneren los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales”.
“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”, indicó.

 

Advirtió que la Secretaría de la Defensa Nacional “no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles”.

“Parte muy relevante del surgimiento y consolidación democrática de México, que ha permitido la alternancia en el poder, ha sido la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares. La primacía de las primeras sobre las últimas, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal”, explicó.

 

Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que el dictamen de la Guardia Nacional no cumple con criterios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre participación de las Fuerzas Armadas en tareas seguridad pública; y aseguró que desde la presencia del Ejército en las calles la violencia se disparó en México.

Durante su participación en el tercer día de Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, reconoció que el dictamen para su creación ha tenido cambios “positivos”. Sin embargo, aún hay motivos de preocupación sobre su creación.

 

Puntualizó que, el documento no brinda garantías que eviten la repetición de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército, y además, debilita los esfuerzos para fortalecer las corporaciones policiales.

Asimismo, reiteró su llamado al Congreso de la Unión para que su análisis se realicen de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de los derechos humanos adoptados por el Estado mexicano.
Además, indicó que prevé mecanismos “insuficientes” de control político, y la ley que lo regularía contendría la evaluación, más no rendición de cuentas indispensables para inhibir la comisión de abusos y deslindar jurídicamente las responsabilidades.
“En este sentido se estaría dando una nueva competencia a integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar actos de investigación ante cualquier tipo de delito, sin que dichos actos pudieran ser materialmente controlados por la autoridad civil y sin que los integrantes de la armada rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos”.

 

De igual manera, abundó, se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar. “Entonces se entendería que si los integrantes de la guardia cometen delitos que no estén ligados al ejercicio de las funciones previstas en dicho párrafo, dichos delitos serían investigados y juzgados por autoridades militares”.

En cuanto a las faltas administrativas, las autoridades militares tendrían competencia para conocer también de conductas desplegadas por los elementos civiles adscritos a la Guardia Nacional, “lo cual abonaría a un proceso de militarización de lo que hoy es civil”, agregó

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