Ante el recorte de 950 millones de pesos, el Consejo General del INE, ahora sí, actuando como una sola voz, optó por interponer una controversia constitucional en contra del Gobierno Federal, es decir, en contra del recorte operado por la Cuarta Transformación. Tales son los hechos.

Llama la atención el curso de acción por el cual decidieron enfilarse los consejeros electorales la semana pasada. Digamos que, por genética y vocación propias, nunca ha sido lo suyo ni la defensa de la autonomía institucional ni el obrar independiente de los intereses de los partidos políticos que les impulsaron y los poderes fácticos.

Si lo anterior es insuficiente, todavía es posible añadir la distancia abierta e incluso los juicios desaprobatorios al desempeño del INE lanzados durante la campaña por el entonces candidato y hoy presidente de la República, AMLO.

En el citado contexto, adquiere relevancia la pregunta por la inusitada osadía de la máxima autoridad en materia de organización de las elecciones, de llevar ante el Poder Judicial su reclamo por el recorte presupuestario.

La mejor hipótesis que viene a mi mente es que se trata de una medida última, cuyo propósito estratégico es curarse en salud. Casi seguramente, con la calculadora en mano, llegaron a la conclusión de que el presupuesto disponible no alcanza para financiar los costos de las actividades programadas en el ejercicio fiscal 2019, la mayor parte de las cuales se encuentran previstas en la legislación secundaria, y que es necesario dejar abierta una puerta en el muy probable caso de que se incurra en incumplimiento con mandatos legalmente establecidos.

Ciertamente, en complemento con lo anterior, cabe la suposición de que los consejeros electorales abrigan alguna esperanza de que la Suprema Corte de Justicia podría emitir un fallo favorable.

En opinión de quien esto escribe, es más bien remota la probabilidad de un revés judicial para el gobierno de la 4T. Las señales más indicativas por ahora, entre ellas el pliegue de los ministros a las presiones de austeridad del Poder Ejecutivo, el reciente relevo en la presidencia de la Suprema Corte y el cambio abrupto en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apuntan a la improbabilidad del escenario adverso para la 4T.

Un ingrediente a considerar en la evaluación de la situación es el déficit de confianza social en el desempeño del INE y particularmente en la dependencia de los actuales consejeros electorales a los designios de los partidos políticos que les promovieron.

¿Cuál es el umbral de confianza que una institución estatal de primer orden no puede rebasar sin que ello le implique costos impagables de eficacia operativa y legitimidad?

La mejor respuesta está abierta a debate. Sin menoscabo de ello, para una mejor apreciación del estado de cosas, es pertinente echar una mirada a la historia reciente.

Luego de las elecciones presidenciales del año 2000, en un sondeo realizado por Parametría, la tasa de confianza en el árbitro electoral alcanzaba los 77 puntos porcentuales. Todo un récord a juzgar por la confianza virtualmente nula que ésta tenía a principios de la década de los noventa.

De ese entonces hacia acá, la confianza en el árbitro electoral ha dibujado una tendencia consistente a la baja, entre otras razones por las prácticas de reparto por cuotas de los encargos de consejeros empleadas por los partidos políticos y las evidencias de la sujeción de éstos a las directrices de aquellos.

A juzgar por las mediciones recientes, la confianza en el INE hoy difícilmente alcanza los 40 puntos, mientras que en el caso de los institutos electorales de los estados, en promedio, está 10 puntos por debajo.

En suma, el INE y sus consejeros electorales entraron a una disputa con los momios en contra y, tiendo a creer, que ellos lo saben perfectamente. En medio del vacío de legitimidad y la escasa credibilidad que han podido forjar, carecen del principal recurso para forzar una asignación presupuestal más jugosa: la autoridad moral.

El tamaño del drama es fácil de detectar. El reclamo de los actuales consejeros se articula casi exclusivamente en torno a la imposibilidad de cumplir con los mandatos de la función electoral que la ley les impone, pero muy poco es lo que añade en materia de sus contribuciones a la forja de una democracia más fuerte y de mejor calidad.

Si no ocurre una variante de consideración y la Suprema Corte de Justicia desestima la controversia mencionada, hay una crisis institucional en puerta, a menos que tenga lugar una reforma constitucional que tenga un impacto de descarga en las responsabilidades del INE.

Es tiempo de una evaluación a profundidad sobre el diseño institucional del INE y sobre las expectativas actuales sobre el modelo de arbitraje electoral que los nuevos tiempos reclaman. Con toda claridad, el INE es un organismo diseñado para lidiar con los intereses de la partidocracia emergida y fortalecida en la etapa de la transición (1989-2000), en el contexto de un entramado de desconfianza estructural.

Es poco lo que se dice a este respecto, pero lo cierto es que el modelo de arbitraje vigente es por igual oneroso, disfuncional e incapaz de auto transformarse. Quizás el pecado del INE se remonte a su decisión de menospreciar la batalla perenne por la construcción de la confianza.

El futuro hoy luce incierto. En medio de tales circunstancias, se impone hacer un llamado a convertir la adversidad presente en un desafío atendible a través de una reforma electoral, ahora centrada y orientada hacia el imperativo de la forja de una democracia de calidad y un Estado de Derecho pleno.

*Analista político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo

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