Ciudad de México. Ante el despido de 700 médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y promotores de la salud en el estado de Puebla, como parte de los recortes presupuestales que la federación realizó al programa Prospera, la diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Maiella Gómez Maldonado, solicitó a través de un punto de acuerdo a la Secretaría de Salud, informar al Poder Legislativo cómo se garantizará que la población mantenga su derecho fundamental a los servicios de salud.

La legisladora poblana puntualizó que los recortes presupuestales perjudicarán a un aproximado de 300 mil familias de 121 Unidades Médicas que dejarán de recibir este servicio, lo cual contraviene a todas luces una obligación básica del Estado.

La secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara Baja, aseveró que el recorte presupuestal de Prospera atenta contra el derecho a la salud “que es de naturaleza prestacional” por lo que exigió que “el estado debe suministrar y supervisar la asistencia médica bajo los principios de universalidad y progresividad”.

La representante por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán, enfatizó que si la prestación de servicios médicos es incompatible con las políticas públicas implementadas por una autoridad -como la reducción presupuestaria en Prospera-, el Estado “deberá realizar las gestiones pertinentes para que el beneficiario sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento; no se le puede simplemente quitar ese derecho”.

El gobierno tiene la responsabilidad primaria de diseñar y orientar acciones necesarias para garantizar una vida digna y saludable de todo mexicano a través del desarrollo de correctas políticas públicas”, afirmó.

Gómez Maldonado refirió que la situación no es privativa de Puebla, ya que el recorte ha impactado a la población de otras entidades como Tamaulipas, donde aproximadamente 25 mil familias se verán afectadas en los mismos términos, además de que 328 personas que laboraban en el sector de los servicios públicos de salud perderán su empleo.

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