Ciudad de México. La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, impulsa punto de acuerdo en San Lázaro para poner fin a los abusos que cometen las escuelas particulares en contra de los consumidores.

La congresista por San Martín Texmelucan en el Congreso de la Unión, señaló “que año con año las quejas que presentan los consumidores de los servicios educativos a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) han ido en aumento, en virtud de que los prestadores de servicios educativos de manera contraria a derecho: aumentan sus colegiaturas durante el curso escolar; cobran cuotas o gratificaciones extraordinarias a los padres de familia, tutores o usuarios de los servicios educativos”.

Denunció que “aumentan, de manera desproporcional, el costo de los servicios educativos, sin que se tome en consideración la opinión de los consumidores; condicionan que los consumidores adquieran uniformes, útiles y otros artículos escolares con determinados proveedores; entre otras muchas causas”.

Es por ello que mediante un punto de acuerdo, exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que las delegaciones de las 32 entidades federativas, incluido Puebla, vigilen un cabal cumplimiento del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de servicios educativos prestados por particulares.

La también líder del PT en Puebla, consideró que al estar en pleno periodo de pago de reinscripción e inscripción para el siguiente curso escolar, “surge la imperiosa necesidad de que los prestadores de servicios educativos no abusen de la relación comercial que tienen con los consumidores”.

La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, exigió que en caso de encontrar irregularidades, se les sancione conforme a derecho; buscando ante todo, la protección de los derechos fundamentales de los consumidores previstos y sancionados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Destacó que la finalidad “es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores”.

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