En un acto sin precedentes, que no se había dado en más de 100 años en de la vida jurídica, política y de gobernanza en Puebla, un grupo de 100 especialistas en derecho, leyes, reformas constitucionales, violencia de género, violencia a niñas y niños, a indígenas, personas con discapacidad y derechos humanos, en un serial de foros municipales y regionales, arribaron a una conclusión que no tiene mañana, que no puede ni debe quedar en papel o únicamente en una memoria que vaya al “archivo del olvido”.

Hoy no sucederá así. Por el contrario, se implementará, aterrizará y ejecutará con el gobernador que regirá los destinos de 6 millones de poblanos a partir de agosto próximo.

No se trata de un “sueño guajiro”, ni de un documento inspirado en acciones imposibles de alcanzar y que se presentan únicamente para la foto, para el show mediático y social.

Nada de ello.

Hoy, después de 100 años de que la Constitución de Puebla no ha tenido cambios reales, de fondo y estructurales para la división de Poderes y los derechos humanos, se trazó el camino y sentó las bases en la edificación, diseño y elaboración jurídica y legal de una nueva Constitución para Puebla.

Con ello, el Estado estará a la vanguardia en materia constitucional y de respeto total a la división y autonomía de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como de los órganos autónomos.

Reforma Constitucional que conlleva derechos y protección a la ciudadanía, para todas y todos, niñas, niños –generación de infantes invisibles-, jóvenes, adultos, mujeres, indígenas y personas con discapacidad.

Darles y otorgarles protección, derechos y voz, garantizándolo en la nueva Constitución.

Así, se acabará y desterrará con prácticas nefastas, de contubernio entre la autoridad y los diversos órdenes de gobierno, escudándose en actos legaloides y en las lagunas que existen en la actual Constitución.

Es la hora de Puebla y los poblanos. La hora de la reconciliación, paz y justicia para todos.

FORO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y REFORMA

Los ponentes, investigadores, académicos, juristas, asociaciones civiles y agrupaciones de la diversidad sexual y derechos humanos, presentaron a Luis Miguel Barbosa el documento y conclusiones a las que llegaron y que contienen las bases y cimientos para darle a Puebla un nuevo rostro, de dignidad y respeto para todas y todos.

Tocó al Maestro en Derecho y Doctor en Administración Pública, Ernesto Ramírez López, leer las conclusiones del Foro “Seguridad, Justicia y Reforma” y entregar el documento a Barbosa Huerta, candidato de MORENA.

Y él –Barbosa- lo hizo suyo y se comprometió hacerlo suyo e implementarlo en su gobierno, claro si el voto de los poblanos lo llevan a mandatar la entidad para el periodo 2019-2024.

Los ponentes expusieron: existe en Puebla una gama de necesidades en materia normativa. Y el mayor abuso, que día tras día se infringe a la normatividad, parte del orden constitucional, por lo que se requiere una profunda revisión al ser el que otorga identidad en el contexto del federalismo.

Un caso lo ejemplifica plenamente y éste deriva del artículo 57, fracción V, que da al Congreso la facultad de otorgar FACULTADES EXTRAORDINARIAS al Gobernador, lo que conlleva a la antesala para que asuma facultades de los Poderes Judicial y Legislativo.

Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas… Puebla está agobiada y asediada por la inseguridad, y resulta ilógico –por no decir absurdo- que la Constitución únicamente se refiera que la seguridad se ocupa de “guardar la seguridad y el orden” e ignora los principios que la gobiernan, su planeación y coordinación con las instituciones de gobierno.

Por lo que, ante el ingreso de la Guardia Nacional y la necesidad del fortalecimiento del estado de fuerza y la capacidad institucional deberán sentar las bases que permitan la participación ciudadana tal y como se ha asumido en los “Compromisos por la Seguridad Pública en las Américas”.

Acotándose, que en Puebla no existe una definición de vulnerabilidad y donde tampoco ha interesado la protección de niñas, niños y adolescentes, la violencia contra las mujeres, las enormes desventajas de personas y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad.

Las autoridades se han limitado a reproducir las normas federales y han dejado de lado su instrumentación. Faltan los derechos de garantía de la aplicación de los derechos humanos; el responder ¿cómo hacer efectivo un derecho humano? Sencillamente no se ha cumplido.

CRUZADA DE HUMANIZACIÓN DEL ORDEN JURÍDICO… Uno de los objetivos del foro es lograr caminar a lo largo y ancho de todo el territorio poblano con la bandera del orden jurídico estatal y municipal, para desembocar con la cruzada de humanización del orden jurídico, que presentará un hecho inédito en el ejercicio para adecuar el marco normativo a los tratados sobre derechos humanos, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dado que resulta absurdo que nuestra Constitución sólo reconozca a las víctimas de delito y desconozca a “las víctimas del abuso del poder“; y si no las reconoce, mucho menos las protege.

Además, habrá un protocolo de investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio que contendrá parámetros y procedimientos de investigación, que deberán realizarse ante casos de muertes de mujeres, incluidas aquellas que al parecer fueron causadas por motivos criminales, suicidio y accidentales, acorde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “Las Muertas de Juárez” y que se adapte a la realidad que aqueja a Puebla.

El documento deberá considerar las necesidades de desconcentración de servicios y de carpetas de investigación. El cumplimiento de las normas oficiales en las unidades de salud pública y privada, para lograr la detección temprana de situaciones de violencia que puedan desembocar en un feminicidio e información oportuna a las autoridades competentes. Y la conformación y aplicación de programas integrales para la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos.

Los indígenas demandan que existan medidas de adaptación y criterios que los protejan en su condición de indígenas, como el tener traductores y que los jueces al dictar sentencias consideren sus costumbres, tradiciones y elementos culturales que pudieron incidir en cada conducta que se juzgue.

También es fundamental que los juzgadores lleven a cabo procedimientos de protección de derechos para las personas con discapacidad, abandonando la perspectiva asistencialista para entrar al modelo social y de los derechos humanos; y realizar ajustes en la ejecución de sus sentencias con una justicia especializada y basada en la perspectiva de discapacidad, trato no discriminatorio, sistemas de apoyo y salvaguardas para evitar figuras de discriminación múltiple.

Cerrar el paso al abuso de los jueces… evitando el sufrimiento de las niñas, niños y adolescentes frente a la justicia, y así cerrar el paso al abuso de las partes y de los propios jueces.

Por lo que la ley deberá obligar a las autoridades a que adopten los procedimientos de protección de las niñas, niños, las y los adolescentes.

Ante esto, se debe eliminar de la legislación toda disposición que discrimine a las niñas, niños, las y los adolescentes PARA DARLES VOZ Y OBLIGAR A QUE SEA TOMADA EN CUENTA, el proteger su anonimato al rendir declaraciones y en la sentencia el juzgador deberá tomar en cuenta su situación de pobreza, origen étnico, su incapacidad y factores como su edad o condición.

Sin olvidar: “Puebla no ha respondido ante la violencia contra las mujeres”, donde la estadística nacional de desaparecidos se revierte en la entidad.

A nivel federal el 70% de desaparecidos son hombres y en Puebla el 60% SON MUJERES.

A la entrada del Nuevo Sistema Penal, existen en el Estado 1,500 carpetas de investigación por desaparición. Lo que lleva a dar los pasos para instalar políticas de prevención y generación de protocolos de investigación en la presunta desaparición forzada o desaparición llevada a cabo por particulares, adaptándola a la realidad de nuestra entidad federativa.

Porque un protocolo homologado es un error. Puebla es diferente en cada región. Por eso, además del protocolo homologado, se propone que Puebla cuente con un protocolo que tenga los siguientes objetivos:

Privilegiar la investigación inmediata, especializada y coordinada bajo responsabilidad directa del servidor público. Establecer la forma de sistematizar las estadísticas de los delitos contra mujeres desde perspectiva de género. Prever procedimientos claros de atención integral y sensible a la mujer desde las instituciones.

Tener mecanismos de recolección de datos, que sin afectar la investigación, donde la sociedad pueda obtener información relacionada que le permita identificar patrones sistémicos de violencia sexual femenina, diferenciar los que sean por violencia social, doméstica, sexual, indeterminada e incluso los delitos seriales.

Establecer las necesidades de fortalecimiento institucional y estrategias integrales para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres; el estatus de acceso a la justicia por parte de las víctimas y la forma en que propician la impunidad.

Con la suma del estudio de patrones ancestrales por regiones que determinan la subordinación y servidumbre de la mujer y el sentido de propiedad de la mujer, y su exclusión en la toma de decisiones.

La identificación de la ruta de causas y modo de operación del trasiego, extorsión y trata de personas. Descripción de las etapas delictivas que integran evolución de la explotación de las mujeres, desde la práctica de robos, narcomenudeo y prostitución. La identificación, patrones y regiones en que ocurren prácticas asimilables a esclavitud.

La necesidad de este protocolo obedece a las razones arriba expuestas, por lo que la regla general se rompe en Puebla.

Creación de la Fiscalía en Delitos de Género… desde la Constitución se debe ordenar a los jueces e investigadores a eliminar pruebas basadas en cualquier estereotipo o prejuicio de género o sexo, incluso el cuestionarles la neutralidad del derecho aplicable como ha ordenado la Suprema Corte de Justicia.

Erradicar del orden jurídico toda disposición que resulte discriminatoria en relación al sexo o género, equilibrando así los derechos de los seres humanos, por la razón de serlo.

Y a raíz de la tardía alerta de género se debe responder de inmediato con creación de la Fiscalía en Delitos de Género.

En las mesas del foro se expuso que si bien Puebla demanda reconciliación, también es urgente que se reconozca en el marco jurídico el deber de PROSCRIBIR LA PERSECUCIÓN POLÍTICA y modificar el abusivo mecanismo de elección del Fiscal General y REINVINDICAR LA DIGNIDAD de los Poderes del Estado dejando fuera al Gobernador de la elección de magistrados, para garantizar la autonomía del Poder Judicial, además de asegurar las garantías de independencia y -como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación- se privilegie la carrera judicial en la elección de magistrados.

Se ha propuesto que el Tribunal Superior de Justicia –TSJ- ADMINISTRE a totalidad su presupuesto.

Aunado a la imperiosa y urgente necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado cuenten con un Plan de Desarrollo –medible y fiscalizable-, que permitirá darle rumbo a la impartición de justicia como a la legislación.

Acotándose:

Se comparte la existencia de un órgano disciplinario del Poder Judicial –Consejo de la Judicatura-, pero no de UN GARROTE PARA ALINEAR A LOS JUECES.

El Consejo de la Judicatura tiene la imperiosa obligación de YA NO actuar a su capricho –e intereses- y basar su actuación en normas emitidas por el Poder Legislativo, privilegiando el derecho de audiencia.

Se aclara, estas normas a la fecha no han sido emitidas por el legislador.

Cancelar de la Constitución contratos de servicios de largo plazo… resulta prioritario retirar de la Constitución redacción de los contratos de servicios de largo plazo como única opción para los gobiernos, donde se garantiza el pago a proveedores y prestadores de servicios a través de comprometer las futuras recaudaciones y participaciones federales.

Se exigirá que los contratos de largo plazo no sean negocios –del mandatario en turno- sino reales inversiones, donde el riesgo lo asumen los particulares y que de ellos emane el gasto.

También se visualiza la inédita figura de presupuestos plurianuales destinados al combate a la pobreza, tal y como sucede en otros países del mundo, pero no en México; también aplicarlo a seguridad pública y que exista un maridaje entre planeación, medición de resultados y el gasto.

Así, la ausencia de resultados dejará de transitar como impunidad, por lo que habrá sanciones para quien no cumpla por negligencia con los resultados a que se compromete al planear la gestión de su encargo.

Asimismo, se propone modificación de disposiciones que permitan facultades discrecionales a la Auditoría Superior del Estado, las cuales hasta hoy han sido utilizadas para subordinar a los municipios y a todo aquel funcionario y directivo que NO SIRVA CON SUMISIÓN a los intereses del Gobernador y cambio recibirá nuevas tareas como la evaluación de las políticas para erradicar la discriminación y la violencia de género.

Acotándose:

“No es inventar o contradecir disposiciones de la Constitución Federal… únicamente es acatarla”. Adicionalmente la Auditoría asumirá nuevas tareas como

Se vislumbra un Congreso del Estado con perspectiva y compromiso con la federación, por lo que se hará uso del derecho de iniciativa para impulsar Reformas Constitucionales como el mandato revocatorio, eliminación del fuero, regulación del acto de policía desde la perspectiva de género y su necesaria regulación al ingreso de la Guardia Nacional.

Se propondrá incorporar a la Constitución los presupuestos participativos y los principios presupuestales para atender las funciones redistributivas, y los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

Amén de cerrar la brecha del municipio en la Constitución Poblana y la reforma de 1999. Y se reincorporará en el orden Constitucional al Gobierno de los Pueblos… las Juntas Auxiliares.

Así es como Miguel Barbosa hará posible que en su gobierno se tenga una Nueva Constitución para servir a Puebla y los poblanos, donde se acabarán los privilegios de unos cuantos, de grupos e intereses personales.

Puebla se pondrá a la vanguardia nacional y transitará con un gobierno humano, de puertas abiertas para todas y todos. Y donde la justicia estará al alcance de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos, indígenas y discapacitados, sin exclusiones ni privilegios.

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