El coordinador general de transparencia del Ayuntamiento de Puebla, Rodrigo Santisteban Maza, acusó que la resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Itaip) es más política que jurídica, pues han cumplido con todas y cada una de las solicitudes tanto de ciudadanos como de organizaciones.

El funcionario municipal se dijo molesto por la determinación de dicho órgano, debido a respondieron a la petición realizada del pasado 28 de febrero de 2019, donde la organización Activa Transparencia AP pide desglosar el sueldo mensual, remuneración, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, bonos, estímulos y sistemas de compensación, cuando esto se encuentra en la página.

Contestamos en tiempo y forma, dando salario bruto e indicando como lo señala la ley de transparencia y la liga de la plataforma, dando paso por paso; en todo su derecho interpone –la organización- un recurso de revisión pero éste tiene una peculiaridad, el recurso señala que no detallamos cuanto recibe de bonos, etcétera. Y en virtud que no está publicada en el portal de transparencia interpone una denuncia”, dijo.

Detalló que el salario bruto de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, es de 117 mil 658 pesos mensuales, el neto de la dieta es de 83 mil 402.18 pesos por el mismo periodo y manifestó que no goza de un bono, estímulo o compensaciones, gratificaciones o primas. Lo que sí tiene son 40 días de aguinaldo y 8 días de prima vacacional por año laborado.

Me molesta por la resolución del Itaip. Ha sido un compromiso de este ayuntamiento de ser el más transparente de toda la república y volvernos referente a nivel nacional, por eso me molesta la resolución”, afirmó.

Comentó que todos los salarios y dietas de los trabajadores desde la presidenta, regidores y personal que señalan los lineamientos se encuentran disponibles pero también añadió que existe una contradicción en el Itaip, por lo que le suena más a un sistema político que jurídico.

Reunimos todos los requisitos que nos pide el sistema nacional y ahora revoca en el mismo caso y mismo solicitante. Esto suena a un tema político y como defensor de derechos humanos y con 10 años a la transparencia puedo decir que deja al particular en estado de indefensión, por una lado dice que está bien y luego dice que no”, puntualizó.

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