Más allá de criminalizar a las mujeres que han tenido que vivir la experiencia de abortar, las políticas públicas relacionadas con su ejecución deben ir al fondo del asunto, opinó el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín. 

En entrevista, indicó que el indulto del gobernador Miguel Barbosa Huerta a mujeres apresadas por aborto, no solo se trata de liberación, sino que ellas requerirán de un acompañamiento social posterior. 

Subrayó que el Estado debe generar un sistema de acompañamiento integral para quienes hayan decidido interrumpir el embarazo, así como para quienes lo estén considerando, con el objetivo de privilegiar las vidas de la madre y el producto. 

Indicó que dicha acción podría ser “correcta”; sin embargo, se deben aclarar los principios que rigen a estos indultos, así como establecer un acompañamiento por parte del gobierno y la sociedad, a las afectadas después de su liberación. 

Asimismo, indicó que debe analizarse la política pública en la que recae la decisión y dejar de lado el tema de la criminalización, al igual que “privilegiar” la vida en todo sentido y salvaguardarla. 

El rector afirmó que el proceso de la interrupción del embarazo merece todo el respeto de la sociedad, respuestas mucho más audaces y humanistas. 

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