Hay toda una serie de condiciones de violencia y desigualdad que viven las mujeres, que nada cuestiona o nubla su legitimidad de todas las formas de manifestación y exigencia, debido a que las tasas de feminicidios han subido, opinó el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón, sobre las marchas de organizaciones feministas del pasado viernes.

En entrevista posterior a la inauguración de la entrada principal al campus ubicado en San Andrés Cholula, lamentó que 6 de cada diez mujeres en la vida privada se encuentran inseguras y no se tiene una equidad ni paridad de acceso a la vida pública y sobre todo a cargos públicos.

Señaló que las autoridades y la sociedad misma “estamos en deuda con las mujeres” y no hay duda de que el poder público tiene que poner el énfasis en la agenda de que no exista impunidad en caso de violencia y en cómo prevenir en todas las dimensiones y niveles la agenda, y no tanto las formas de manifestación.

Me parece que poner el énfasis en las formas de manifestación, sería preguntarnos ‘¿Qué es lo que nos preocupa como sociedad, y dónde ponemos los énfasis?’“, explicó.

Hay toda una serie de condiciones de violencia y de desigualdad estructural que viven las mujeres, que me parece que nada cuestionan, ni mucho menos nubla su legitimidad alrededor de todas las formas de manifestación y exigencia”, sentenció.

Enlistó una serie de casos de agresiones con violencia de género y que han llegado a cortes internacionales, como lo fue el caso del campo algodonero en Chihuahua, que es de mujeres asesinadas; los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas tlapanecas víctimas de agresiones sexuales por parte de elementos del ejército mexicano.

Esta agenda de la tortura sexual y de agresiones extremas en contra de las mujeres ha llegado incluso a cortes internacionales y nuestro país ha sido condenado por esos hechos graves”, recordó el directivo.

Mario Patrón recordó que hoy en día hay un gran conjunto de municipios que hoy tienen alerta de género, con más de 140 acciones a niveles de programas de gobierno, políticas públicas y marcos normativos que se tendrían que rediseñar, modificar o incluso, generar como nuevos, justo para prevenir la violencia de género.

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